sexenio de Jose Lopez Portillo

Rodeado de la polarización y el desorden legados por la administración de Luis Echeverría, el 1 de diciembre de 1976 José López Portillo tomó posesión como presidente de México y pronunció un impecable discurso que le ganó apoyos y confianza por su interés conciliatorio y el abandono de la retórica demagógica y grandilocuente que primó en todo el sexenio anterior. Su proyecto de gobierno se dividía en tres partes: dos años de recuperación, dos de consolidación y dos de crecimiento acelerado, y para lograrlo urgía a superar las discrepancias y avanzar: “Hagamos una tregua inteligente para recuperar nuestra serenidad y no perder el rumbo [...] podemos hacer de nuestra patria un infierno o un país donde la vida sea buena”. Enseguida, pidió un emocionado perdón a los desposeídos y marginados por el fracaso del Estado en acertar a “sacarlos de su postración”, lo que expresó cambiaría en su gobierno, bordando así un momento memorable dentro del devenir político contemporáneo.

Empero, los primeros tiempos se enrarecieron por los rumores sobre el activismo del ex presidente Echeverría (recogidos y amplificados por Reyes Heroles, quien sostenía una sabida rivalidad con el anterior titular del Ejecutivo), pues mediante su Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y la presencia de estrechos colaboradores impuestos en el gabinete entrante y en el Poder Legislativo buscaba seguir influyendo en los ámbitos de decisión con una agenda propia, violando otra pauta básica del predominio presidencial de la época, misma que exigía de los mandatarios en retiro su desapego sin cortapisas de la política nacional, lo cual llevó a López Portillo a prescindir de ciertos personajes (los casos más evidentes fueron el de Porfirio Muñoz Ledo en la cartera de Educación y el del presidente del Congreso, Augusto Gómez Villanueva), a encarcelar a funcionarios de aquel periodo (comoEugenio Méndez Docurro y Félix Barra García, ex secretarios de Comunicaciones y Transportes y de la Reforma Agraria respectivamente, así como al ex director del Fideicomiso Bahía de Banderas, Alfredo Ríos Camarena, y al del Instituto Mexicano del Café, Fausto Cantú Peña), y a enviar fuera al mismo Echeverría como embajador en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1977 y en 1978 ante la apartada Australia, con concurrencia en Nueva Zelandia y las Islas Fiji, aniquilando así cualquier intromisión en su gobierno.

 

Los excesos

Conforme avanzó el sexenio la excentricidad, el despilfarro y el influyentismo se apoderaron del mandato de López Portillo. Olvidándose de su investidura, el presidente obligó a que la gira papal hiciera una parada en la Residencia Oficial de los Pinos con el objeto de que Su Santidad celebrase una misa especial para su madre, contestando a sus detractores que “pagaría de su bolsillo” las sanciones administrativas previstas por violentar la laicidad de un espacio oficial y subestimando los problemas evidentes por la inexistencia de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano; su esposa, mujer de arrogancia y reiterados desplantes, tomó en sus manos la política cultural del gobierno sin experiencia alguna y ordenó, por ejemplo, que se integrara una orquesta sinfónica especial, la Filarmónica de la Ciudad de México, para dar a conocer sus dotes de pianista con temas del grupo Mocedades; y su hija Paulina debutó como baladista juvenil y fue apoyada para alcanzar el éxito.

Pero lo más delicado es que nombró en importantes cargos a familiares directos, vanagloriándose además por ello, en especial del caso de José Ramón, su primogénito, quien se desempeñó como subsecretario de Estado (“Es el orgullo de mi nepotismo”, exclamaría orondo). Otros beneficiarios fueron su hermana Alicia, que fungía como su asistente; su hermana Margarita, designada titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (temida y odiada por su actitud caprichosa y altanera frente a dueños de medios, creadores, productores y directores que la acusaron de herir de muerte a la industria de la pantalla grande, apodándole la “pésima musa” como burla por su admiración hacia la Décima Musa, Sor Juana Inés de la Cruz, y sus malhadados intentos como escritora y guionista de películas); su primo Guillermo, convertido en presidente del entonces llamado Instituto Nacional del Deporte; y Rosa Luz Alegría, con quien sostenía una relación extramarital, fue colocada a la cabeza de la Secretaría de Turismo.

En la misma tesitura Arturo Durazo Moreno, un viejo amigo de vecindario, fue elevado a director del Departamento de Policía y Transito del Distrito Federal, desde donde además de ser hecho General de División sin pasar por el Ejército y condecorársele con el Doctorado Honoris Causa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sin antecedentes universitarios o de práctica legal alguna, auspició el cohecho y la tortura entre los cuerpos que dirigía y se enriqueció escandalosamente acumulando autos, bienes y mansiones como “El Partenón”, una estrafalaria casa de playa inspirada en el mítico monumento griego levantada en la bahía de Zihuatanejo, la que una vez decomisada luego de aprehender a Durazo en 1984 no ha podido ser vendida por su mal gusto, elevado monto e identificación como emblema de lo peor de aquella época.

El desastre económico

En materia económica su administración se caracterizó, sobre todo después de la primera mitad, por tomar decisiones arbitrarias y financieramente ineptas que detonaron la crisis más severa en la historia de México desde la época revolucionaria, no sólo repitiendo, sino aumentando los errores del periodo echeverrista. El gobierno, obnubilado por las ganancias del “oro negro” y la euforia de los mercados, guardó los propósitos de inicio en un cajón y tramitó con la banca extranjera una pléyade de préstamos irreflexivamente para sufragar la exploración e infraestructura de explotación de los depósitos petroleros; puso en marcha proyectos de desarrollo condenados al fracaso por su pomposidad y mala preparación (la Alianza para la Producción, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, el Sistema Alimentario Mexicano o el Plan Global de Desarrollo, el más elocuente de todos); y fomentó una obesa burocracia al crear nuevas secretarías de Estado y multitud de organismos, adquiriendo y participando igualmente en más de medio millar de empresas, lo que junto a una corrupción galopante terminó no sólo por reducir a cero los excedentes del petróleo (calculados en cien mil millones de dólares entre 1978 y 1981), sino por multiplicar la deuda externa ante el aumento de las tasas de interés, añadiéndose intrigas palaciegas desde la Secretaría de Programación y Presupuesto rumbo a la determinación de la candidatura presidencial del PRI, traducidas en diagnósticos desprendidos de cuentas manipuladas que truncaron medidas elementales como el recorte al gasto corriente y la baja de precio del barril de crudo para afrontar la sobreoferta y la austeridad energética autoimpuesta por el mercado mundial, siendo los chivos expiatorios el secretario de Hacienda, David Ibarra, y Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y un amigo más de los años mozos del mandatario en el primer nivel del servicio público, ambos serios aspirantes al Ejecutivo.

Con respecto a la moneda, el peso fue tardíamente devaluado en alrededor de un 400% como producto de otro episodio de la frivolidad de López Portillo (“Presidente que devalúa, se devalúa”, pontificaba). En el marco de la VI Reunión de la República, el 4 y 5 de febrero de 1982, juró defenderlo “como perro” frente a la embestida que sufría de los “enemigos” de la patria, pero para el 18 de febrero de 1982 la Secretaría de Hacienda se vio forzada a declarar la moratoria de pagos y a devaluar el circulante de 28.50 a 46 pesos por dólar, frenándose en 70 pesos sólo después de imponerse el cierre del mercado cambiario para atajar la escalada, la que inclusive sobrepasaría los cien pesos por cada billete verde.

El 1 de septiembre de 1982, día de su último informe de gobierno, habría de encarar a la ciudadanía para anunciarle el caos. Culpó de la debacle a los banqueros y a los “sacadólares”, no admitió tener que ver en el hundimiento financiero del país (“Soy responsable del timón, pero no de la tormenta”) y, de un plumazo, nacionalizó la banca y decretó el control de cambios, más en el tenor de una rabieta desesperada, de un golpe de efecto, que en el de medidas sopesadas y necesarias, lo que se vislumbró en su argumentación: “Ya nos saquearon. México no se ha acabado. ¡No nos volverán a saquear!”. En los siguientes años los resultados de dichas ocurrencias (cuyo costo al erario por los conceptos de compra e indemnización del entramado bancario se estimó en unos tres billones de pesos) fueron más que funestos, como se patentizó al poco tiempo con el apogeo de una banca paralela encubierta en casas bursátiles e instituciones financieras diversas que incentivaron la especulación, con la negligente reprivatización bancaria que puso otra vez a la nación a un paso de la ruina a mediados de la década de los noventa, y con el abuso y fracaso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que en su reestructuración como deuda pública, pactada legislativamente desde 1998, absorbe hasta la fecha enormes cantidades presupuestarias.

Luego, al recordar a los desposeídos y marginados, aquellos a quienes en su primer mensaje como mandatario había pedido perdón, José López Portillo lloró frente a millones de mexicanos y golpeó impotente con su puño el atril de la tribuna principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, aceptando al menos su “responsabilidad personal” al fallarles; un despliegue histriónico que conmovió a muy pocos, enfureció a los más y fue motivo de parodias y burlas para poner punto final a seis años de expectativas tan altas como su frustración que completaron, sumados a los del periodo de Luis Echeverría, la coloquialmente denominada “docena trágica” del populismo (en un juego de palabras que evocaba a la Decena Trágica: diez días de asesinatos e inestabilidad en febrero de 1913 que concluyeron con la renuncia y el fusilamiento del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez). Amén de lo peyorativo de la comparación, con estas dos administraciones fue evidente para la opinión pública, los empresarios, la comunidad internacional, la Iglesia e incluso para buena parte de la clase priísta lo peligroso y lo imposible que resultaría por mucho tiempo más dejar el destino del país bajo el criterio de un solo hombre. Desde entonces y echando mano de la misma reforma política que López Portillo estimuló (aún con todas sus carencias y trabas que, con los años, se han superado), el cambio gradual de los fundamentos del sistema de poder en México, la pérdida de fuerza del partido oficial y el crecimiento de una oposición que penetraría con ímpetu firme en los distintos niveles de gobierno ya no se detuvieron, todo ello alentado siempre por una sociedad justificadamente molesta y cansada.


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Publicado el 28 junio, 2011 en Sin categoría. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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